En los últimos años, el fenómeno de la okupación ha generado un intenso debate en España. El término «okupa» se refiere a aquellas personas que entran a vivir en inmuebles deshabitados sin el consentimiento del propietario, mientras que «inquiokupa» hace referencia a aquellos inquilinos que, habiendo firmado un contrato de alquiler, dejan de pagar la renta pero se niegan a abandonar el inmueble.
Aunque estas situaciones suelen estar rodeadas de polémica, es importante conocer los derechos y las obligaciones que la ley otorga tanto a los okupas como a los inquiokupas.
¿Qué dice la legislación española sobre la okupación?
La okupación no está específicamente regulada en la legislación española, pero sí se aborda indirectamente a través del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Civil. El artículo 245 del Código Penal establece penas para quienes ocupen un inmueble ajeno sin autorización, especialmente cuando se utiliza violencia o intimidación. Sin embargo, si la okupación se realiza de manera pacífica y sin causar daños, la intervención de las autoridades puede complicarse.
Además, la Ley de Enjuiciamiento Civil regula el proceso de desalojo, conocido como desahucio express, para aquellos casos de okupación que se consideren ilegales. Este procedimiento permite al propietario reclamar la posesión del inmueble, y si se cumplen los requisitos, el juez puede ordenar el desalojo en un plazo relativamente corto.
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Diferencias entre okupas e inquiokupas
Mientras que los okupas suelen entrar en una vivienda deshabitada sin permiso, los inquiokupas son inquilinos que, tras haber accedido legalmente a una propiedad mediante contrato, dejan de pagar la renta, lo que genera una situación conflictiva para los propietarios. Legalmente, los inquiokupas tienen más protección que los okupas, ya que están amparados por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que regula el proceso para la finalización de contratos de alquiler.
Para desalojar a un inquiokupa, el propietario debe iniciar un proceso judicial de desahucio por impago de rentas, lo que puede llevar tiempo y recursos. Durante este periodo, el inquiokupa puede seguir residiendo en el inmueble hasta que se dicte sentencia y se ejecute el desalojo.
Derechos de los okupas
Aunque la okupación es una situación irregular, en España existen circunstancias en las que los okupas pueden tener ciertos derechos reconocidos temporalmente, especialmente si llevan viviendo en el inmueble un tiempo considerable, o si tienen hijos menores a su cargo. Entre los derechos que pueden alegar se encuentran:
- Derecho a una vivienda digna: En algunos casos, se argumenta que la Constitución Española (artículo 47) garantiza el derecho a una vivienda digna, lo que puede dificultar los desalojos si no se garantiza un alojamiento alternativo.
- Protección contra el desalojo forzoso sin orden judicial: La normativa europea y la legislación española impiden los desalojos sin una orden judicial. Esto significa que los propietarios no pueden tomar la justicia por su mano y echar a los okupas por la fuerza.
- Protección en casos de vulnerabilidad social: Los okupas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, como familias con menores o personas con discapacidades, pueden recibir un trato especial en ciertos procedimientos judiciales, posponiendo su desalojo hasta que se les garantice una solución.
Derechos de los inquiokupas
Los inquiokupas, al haber firmado un contrato de arrendamiento, cuentan con más protecciones legales que los okupas.
- Derecho a permanecer en el inmueble mientras dure el proceso judicial: A pesar de no pagar la renta, los inquiokupas tienen derecho a quedarse en la vivienda hasta que se resuelva el proceso judicial de desahucio. Esto puede tardar varios meses, durante los cuales no están obligados a abandonar la propiedad.
- Protección contra la violencia o intimidación por parte del propietario: Los propietarios no pueden recurrir a la coacción, amenazas o corte de suministros como medidas para forzar el desalojo. Estas acciones están tipificadas como delitos y podrían perjudicar a los propietarios en un proceso judicial.
- Derecho a acogerse a la moratoria de desahucios en situaciones de vulnerabilidad: En el contexto de la pandemia de COVID-19, el Gobierno español aprobó una moratoria de desahucios para inquilinos en situación de vulnerabilidad económica, lo que ha prolongado la estancia de algunos inquiokupas en inmuebles sin pagar renta.
Obligaciones de los okupas e inquiokupas
Tanto los okupas como los inquiokupas tienen ciertas obligaciones legales, aunque su situación sea irregular. En el caso de los okupas, si bien no tienen un contrato que regule su estancia en la vivienda, están obligados a respetar la propiedad ajena y no causar daños en el inmueble. Además, deben acatar las órdenes judiciales si se dictamina su desalojo.
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Por otro lado, los inquiokupas, al haber firmado un contrato de alquiler, tienen la obligación de pagar la renta acordada y mantener el inmueble en buenas condiciones. El impago de la renta es un incumplimiento del contrato y justifica el desahucio, aunque, como se ha señalado, el proceso judicial puede prolongarse.
Posibles soluciones para los propietarios afectados
Para los propietarios que se enfrentan a la okupación o inquiokupación, existen varias vías legales para recuperar su propiedad:
- Desahucio express: Esta es la medida más rápida para desalojar a okupas. Si el propietario puede demostrar que la ocupación es ilegal, el juez puede ordenar el desalojo en un plazo corto.
- Proceso judicial por impago de rentas: En el caso de los inquiokupas, el propietario puede iniciar un proceso de desahucio por impago de rentas. Aunque es más lento que el desahucio express, es el mecanismo legal adecuado para recuperar la propiedad.
- Mediación: En algunas situaciones, es posible llegar a un acuerdo extrajudicial mediante la mediación. Esto puede acelerar la solución del conflicto y evitar los costes y tiempos asociados a un proceso judicial.
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